La reforma política presentada por el presidente Felipe Calderón representa un gran avance en algunos aspectos, como son la propuesta de la segunda vuelta (la cual debiese de extender a todos los cargos de elección popular) y las candidaturas independientes e iniciativas ciudadanas, pero también presenta algunos puntos delicados, como lo son el tema de la reelección, la iniciativa preferente por parte del poder Ejecutivo al comienzo de cada periodo ordinario de sesiones y la posibilidad también del poder Judicial de presentar iniciativas.
Respecto al delicado tema de la reelección, cabe precisar que contrario al mito de que en México “no existe la reelección”, el hecho es de que en México si existe la reelección, aunque no de manera consecutiva y exceptuando desde luego al titular del poder Ejecutivo; por lo que la reforma planteada por el presidente Calderón respecto a reelección (consecutiva) de quienes ejercen cargos de elección popular hasta por periodos de 12 años, más allá de resultar novedosa, representa ciertos retos y riesgos para la democracia mexicana.
Si bien es cierto que existe una campaña en los medios de comunicación en favor de la aprobación de la reelección (consecutiva), para así “premiar o castigar” a nuestros representantes y de esta forma “empoderar a la ciudadanía”, cabe primero hacernos algunas preguntas: ¿debe ir la figura de la reelección acompañada con la de la revocación del mandato por parte de la ciudadanía?, ¿no sería ésta una mejor manera de “empoderar a la ciudadanía” frente a quienes ejercen cargos de elección popular en beneficio propio?, la lógica ciudadana desde luego, nos indicaría un “sí”.
Si bien es cierto que para ser electo a un cargo de elección popular, no se requiere contar con ciertos estudios especializados o determinada profesión en específico, hay quienes opinan que la reelección, constituiría un perfecto mecanismo para poder “profesionalizar” (aunque de manera casi empírica) la función legislativa y gubernativa realizada por nuestros representantes, sin embargo, ante la ausencia de la formación y capacitación debida para el ejercicio de dichas funciones, cualquier argumento que abogue por la “profesionalización” mediante la “reelección” y sin la mencionada capacitación, resulta falaz.
Ahora pensemos, que ocurriría con aquellos políticos de ciertos partidos, que se convierten literalmente en caciques de “sus” distritos o municipios y que durante el ejercicio del cargo se conducen con base a la dádiva, conformado con ello su sequito, allegándose de votos aprovechándose de la necesidad de algunos electores y realizando los maquiavélicos cálculos que les permitan establecer así, el “trampolín” perfecto para su próxima “premiación”, es decir, su consecuente “reelección” y perpetuación en el cargo. ¿Es esto realmente lo que se pretende con la reelección?, la lógica ciudadana de nueva cuenta, nos indicaría un “no”, sin embargo, este es uno de los peligros a los que se enfrenta nuestra democracia, de ahí la importancia de que la figura de la reelección, inclusive si está no es consecutiva, vaya acompañada con la de la revocación del mandato.
Ahora, si lo que realmente se busca es “premiar” a quienes ejercen cargos de elección popular, bien podría implementarse un mecanismo más efectivo y con menos margen de error para otorgar dicho “premio”, a través de una evaluación seria del desempeño gubernativo y legislativo, con base a ciertos parámetros estrictos sobre la eficiencia en el servicio público, e incluso, dicho mecanismo podría ser implementado por algún órgano autónomo de control y de esta forma poder dotar a quien ejerce el servicio público, la calidad de candidato “reelegible”, para que éste a su vez pueda presentarse nuevamente frente a sus votantes con aspiraciones renovadas, pero con trabajo y resultados comprobados.
Respecto al tema de la iniciativa “preferente” por parte del titular del poder Ejecutivo e igualmente al del poder Judicial de presentar iniciativas, aunque sin dicho carácter “preferente”, llamémosles “iniciativas judiciales”, éstos son dos aspectos, que resultan también debatibles, sobre todo por el hecho de que esto significaría la supeditación del poder Legislativo (que es donde verdaderamente reside la soberanía popular, por ser el órgano con mayor legitimación, pluralidad y contrapesos dentro su conformación), al arrebatarle una facultad que en principio debiese de serle exclusiva, constituyendo el ciudadano, el único ente legitimado para compartir dicha facultad a través de la figura de la iniciativa ciudadana.
Resulta útil también precisar que de hecho, el poder Judicial emite actos materialmente legislativos, aunque formalmente no lo sean, esto en otras palabras significa, que el poder Judicial emite actos cuyos efectos resultan equiparables a los de cualquier ley, con la salvedad de que no siguen el proceso legislativo que se seguiría dentro del poder Legislativo, dichos actos son las denominadas “jurisprudencias” y constituyen en sí mismas, una forma de legislación emitida por el poder Judicial.
En relación a la iniciativa “preferente” del titular del Ejecutivo, ésta resulta una manera innegable de fortalecerlo, sobre todo en épocas recientes en las que ha existido cierto conflicto entre él y los integrantes del poder Legislativo, sin embargo, esta propuesta cuya mira es la de dotar con mayor campo de acción al Presidente, para que éste a su vez emprenda “las reformas que el país necesita”, sin necesidad de demoras a consecuencia del análisis y discusión por parte de la oposición legislativa, con ella no se materializa otra cosa, más que la imposición de la “voluntad presidencial” por encima de cualquier otra, favoreciendo así la perpetración de un presidencialismo, el mismo contra el que se lucho durante poco más de 70 años.
No cabe duda que la reforma política planteada por el presidente Calderón, aunque con ciertos detalles, constituye la única propuesta de reforma importante al régimen político desde aquellos no tan lejanos debates sobre la mal llamada “Reforma del Estado”, que pretendían precisamente eso, realizar una reforma política profunda y de gran calado (aunque no se haya concretado algo realmente significativo), dado a la aparente decadencia del régimen presidencialista, por lo que se hablaba de migrar a modelos parlamentarios, haciéndose mención de “jefes de gabinete”, entre otras figuras a fines con todo régimen parlamentario.
Sin embargo, de nueva cuenta todo parece indicar que el presidencialismo en nuestro país, todavía da y dará para más, por ello la importancia de realmente “empoderar a la ciudadanía” y que mejor manera que mediante la revocación ciudadana del mandato de nuestros gobernantes y en general de todo aquel que ejerza un cargo de elección popular; de esta forma se dotaría a la ciudadanía de un instrumento aún más poderoso que el propio sufragio, constituyéndose así un auténtico contrapeso ciudadano al poder político, lo cual junto con las candidaturas independientes e iniciativas ciudadanas, resultan la vía idónea para la democratización de nuestro país, aunque también restaría hablar de figuras como las del referéndum y el plebiscito, las cuales por el momento, parecen aún no estar incluidas dentro de la agenda política.
En conclusión, si se quiere entrar de lleno con el tema de la “reelección”, entrémosle con igual entusiasmo al de la “revocación”, ya que sólo así se habrá de dotar a la ciudadanía de un empoderamiento real y se podrá cumplir con ello, el anhelo y objetivo de toda democracia, la entrega del gobierno a los ciudadanos.
Artículo publicado en el periódico “El Universal” el 22 de Diciembre de 2009:
http://www.eluniversal.com.mx/colaboradores/voz3525.htm
0